Punto de quiebre democrático

By on septiembre 13, 2017
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HAVERFORD, Pensilvania — Guatemala se enfrenta a un momento político decisivo. El 26 de agosto, el país se despertó con la noticia de que el presidente Jimmy Morales había ordenado expulsar a Iván Velásquez, el comisionado que encabeza al pánel de las Naciones Unidas encargado de erradicar las redes de delincuencia organizada del país. Unas horas después, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala bloqueó provisionalmente el decreto de Morales. El futuro de la ya frágil democracia de Guatemala depende de que el presidente acate la decisión de la corte.

El momento que eligió Morales para hacer esto no es casualidad. En una conferencia de prensa que tuvo lugar horas antes, Velásquez y la fiscala general Thelma Aldana habían solicitado a los tribunales guatemaltecos dar inicio a un proceso de destitución en contra del presidente por no informar sobre 825.000 dólares en contribuciones ilegales a su campaña electoral en 2015. Y en las próximas semanas su hermano y su hijo serán juzgados por delitos de corrupción.

Las acciones de Morales son más que una venganza personal contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y su comisionado. Hay poca división entre el presidente y un grupo de oscuros exfuncionarios militares, responsables de infames delitos de guerra y delincuencia organizada.

En 2015, después de que el presidente y la vicepresidenta anteriores renunciaran tras ser acusados de corrupción, eligieron a Morales, un popular comediante ajeno a la política, cuyo lema de campaña fue: “Ni corrupto ni ladrón”.

La CICIG y la fiscala general le tomaron la palabra a Morales. Dando por hecho que les brindaba apoyo, ampliaron el alcance de sus investigaciones de corrupción. De esta forma, descubrieron redes de delincuencia organizada que habían permeado el proceso electoral, e implicaron a la comunidad empresarial y política, incluidos miembros del partido político de Morales. Las cárceles de Guatemala cada vez están más llenas de banqueros, políticos y miembros del ejército.

Uno pensaría que una campaña anticorrupción tendría un amplio apoyo, pero Morales tiene una camarilla de aliados. Dado que una quinta parte del congreso actualmente enfrenta procesos de destitución, y temiendo correr la misma suerte, la clase política del país se ha alineado con él. La organización empresarial más poderosa emitió una respuesta tibia a la expulsión de Velásquez. Varios medios populares, monopolizados por un oligarca mexicano corrupto, transmiten noticias falsas, que enardecen y confunden a los ciudadanos cuyo acceso a internet y a los medios alternativos de información es limitado.

El ejército, que también participa en la delincuencia organizada, está tratando de minimizar los riesgos. Por lo pronto sigue en los cuarteles, respaldando la orden constitucional y apoyando a su comandante en jefe.

Esto no quiere decir que Velásquez y la comisión carezcan de apoyo. Más o menos la misma coalición multicolor de estudiantes, activistas y comunidades indígenas que se movilizó hace dos años para exigir la renuncia de los entonces presidente y vicepresidenta ha vuelto a tomar las calles a favor del comisionado asediado. También presentaron órdenes judiciales en las que acusan a Morales de abusar de su autoridad. Unos cuantos líderes empresariales se han sumado a la protesta. Servidores públicos clave han tomado una postura enérgica, y un miembro del gabinete y varios asesores renunciaron, mientras que otros están luchando desde adentro para contener a Morales y mantener el orden constitucional.

La comunidad internacional también ha manifestado su apoyo a Velásquez y la comisión. Los embajadores extranjeros se reunieron en el complejo de la CICIG en una muestra de solidaridad con Velásquez. En un inusual acto de bipartidismo de Washington, los republicanos y los demócratas emitieron mensajes de apoyo indiscutible; después de todo, una Guatemala en caos es campo fértil para una delincuencia organizada aún más agresiva, lo cual desestabilizaría a una región de por sí frágil y forzaría a más personas pobres a movilizarse hacia el norte.

Nadie sabe qué sucederá ahora. Si Morales gana, tanto él como sus aliados en el gobierno y la delincuencia organizada tendrían nuevos bríos, vaciarían las cárceles y acabarían con los esfuerzos de reforma. Pero no es tonto: si se enfrenta a suficientes respuestas negativas, podría hacer una retirada táctica y fraguar un acercamiento con Velásquez que permita que la reforma salga adelante.

Mientras la confrontación continúe, ni Guatemala ni la comunidad internacional pueden quedarse de brazos cruzados. Necesitan actuar para proteger al comisionado, a la comisión y el Estado de derecho. Aldana y el sistema judicial deberían duplicar esfuerzos, seguir adelante con los juicios actuales, continuar con la tarea de acabar con las prácticas corruptas y movilizándose para que haya más reformas judiciales. La fiscala general ha ejercido presión para retirarle el fuero a Morales, y el lunes, la Suprema Corte de Guatemala determinó que el congreso nacional debería decidir el asunto.

La sociedad civil necesita fungir como lugarteniente. Dos años después de que el movimiento “Justicia Ya” sacó al presidente y a la vicepresidenta corruptos del gobierno, se puso en modo de hibernación. Ahora reavivado, necesita permanecer más alerta y guerrero que nunca para lograr la justicia que busca, a pesar de las amenazas de represión.

El gobierno estadounidense tiene una oportunidad de estar a la altura de su retórica de apoyo con acciones concretas. Puede usar su influencia para mantener al ejército en los cuarteles y apoyarse fuertemente en las élites renuentes. El apoyo militar se puede cortar. A los guatemaltecos acaudalados y los políticos que prefirieron los manejos ilícitos a la justicia se les pueden negar visas que les permitan a sus hijos estudiar en Estados Unidos, y a ellos mismos visitar sus segundos hogares. Si la comisión tiene las manos atadas, aun cuando sea temporalmente, Estados Unidos puede intensificar sus investigaciones de transacciones financieras sospechosas hechas por las mismas élites en el sistema bancario estadounidense.

Estados Unidos también tiene una oportunidad de hacer buen uso de los 270 millones de dólares designados para la asistencia en el desarrollo y la seguridad en Centroamérica como parte del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte.

Ningún elemento de la coalición anticorrupción puede tener éxito solo. Sacando provecho de las fortalezas y capacidades de cada uno, pueden fortalecer en conjunto a las instituciones guatemaltecas para asegurarse de que se mitiguen la violencia y la pobreza que alimentan el crimen y la migración, y de que la democracia guatemalteca se aleje del abismo.

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